Guatemala se ha visto profundamente afectada por décadas de guerra civil, corrupción política y migración masiva, lo que ha dejado al país dividido y luchando por la justicia.
La elección en 2024 de Bernardo Arévalo, un candidato apoyado por votantes indígenas y jóvenes que prometía rendir cuentas por los crímenes de la guerra civil, conmocionó a la élite gobernante tradicional: políticos, militares y líderes religiosos que han mantenido el poder durante mucho tiempo.
La administración de Arévalo se enfrenta a la oposición de fuerzas conservadoras arraigadas, entre ellas jueces y el fiscal general, que han bloqueado sus reformas y provocado sanciones por parte de la administración Biden. Sin embargo, Arévalo ha logrado mantener una relación de trabajo con Estados Unidos, incluso con el secretario de Estado del presidente Trump, Marco Rubio, y ha acordado cooperar en las políticas de inmigración estadounidenses aceptando a los migrantes deportados y reforzando la seguridad fronteriza.
Guatemala sigue polarizada por el legado de su violenta guerra civil, y los esfuerzos en curso para enjuiciar los crímenes de guerra se ven obstaculizados por la resistencia política y las poderosas figuras alineadas con el ejército. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que había logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones judiciales, se vio socavada por las fuerzas conservadoras aliadas con la administración Trump.
A pesar de la habilidad diplomática y la agenda reformista de Arévalo, el panorama político del país sigue siendo tenso, ya que las élites conservadoras continúan resistiéndose a rendir cuentas y a que se haga justicia por las atrocidades cometidas en el pasado.
