Pulitzer Center Update Abril 28, 2026
Tras reportaje, Petro pide frenar créditos ganaderos que lleven a la deforestación en la Amazonía
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Esta investigación busca analizar las políticas de crédito público en Colombia, que podrían fomentar...
Una investigación del periodista Julio Caicedo, titulada "En la Amazonía, Finagro destina casi la mitad de su crédito a la ganadería" y respaldada por el Pulitzer Center, reveló que Finagro —una entidad del Gobierno colombiano que actúa como banco de segundo piso— destinó al menos 1,5 billones de pesos en préstamos a la ganadería extensiva en zonas relacionadas con la deforestación entre 2018 y 2025.
La entidad, adscrita al Ministerio de Agricultura, funciona bajo este esquema: entrega capital a bancos y cooperativas para que estos otorguen préstamos a los productores.
La investigación desató una conversación pública y un debate político sobre el uso de recursos públicos que podrían estar conectados con actividades que promueven la deforestación de la Amazonía.
El impacto de los datos: La reacción presidencial
La publicación de estos hallazgos, difundidos por el sitio de periodismo independiente La Silla Vacía, no solo aportó evidencia sobre el destino de estos dineros públicos, sino que también generó una respuesta inmediata.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, señaló la urgencia de atender esta investigación y afirmó que Finagro debería detener, cuanto antes, el otorgamiento de créditos a actividades que puedan estar conectadas con la deforestación de la Amazonía.
Entre investigaciones y cifras
En el reportaje, los datos preliminares de 2025 muestran un aumento del 6% en la deforestación de la Amazonía. Mientras tanto, el Fondo para la Vida —uno de los principales instrumentos públicos en Colombia para prevenir la deforestación— sufrió un recorte del 75% en su presupuesto para este año, y otras líneas de inversión estatal mantuvieron una prioridad orientada hacia la ganadería extensiva.
La respuesta institucional inició tras la presión mediática luego de la publicación del reportaje. Irene Vélez, ministra de Ambiente encargada en Colombia, confirmó que los equipos técnicos del Ministerio de Agricultura y Finagro ya sostienen reuniones de emergencia para examinar los incentivos que podrían estar ligados a la deforestación revelada en esta investigación.
“El presidente lo dijo desde el principio: No podemos incentivar allá la ganadería”, señaló Vélez, quien reconoció que la investigación periodística puso el tema sobre la mesa del debate ministerial.
El derecho a saber: Un escudo contra la deforestación
El reportaje, que utilizó datos públicos de Finagro, el Ideam y el Banco Agrario, demuestra que la transparencia es la herramienta más eficaz para la veeduría ciudadana.
El marco legal en Colombia cuenta con avances significativos. La reciente sentencia T-534 de 2024 de la Corte Constitucional, que obliga a las cadenas de supermercados a revelar el origen de su carne, junto con la plena vigencia del Acuerdo de Escazú, establece que la trazabilidad ambiental es un asunto de interés público. Bajo el “principio de máxima divulgación”, el Estado tiene la obligación proactiva de mostrar el destino de sus inversiones y el impacto que estas generan en los ecosistemas.
El caso de Finagro no solo requiere una revisión interna de diferentes dependencias del gobierno, como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. También demanda un ejercicio de control social basado en la evidencia. Sus efectos aún están por verse, pero ya existe una orden presidencial y reuniones entre las diferentes carteras para atender esta investigación periodística.
